Un antiguo ministro portugués de Sanidad fue pillado acumulando una pensión con el sueldo de un cargo público al mismo tiempo, algo que infringe directamente las normas de la función pública que obligan a todos los demás. La hipocresía está a medio camino entre lo cómico y lo indignante. El SNS está racionando la atención de urgencias. Los profesores de Lisboa no pueden pagar el alquiler. A los funcionarios corrientes se les dice que las cuentas de las pensiones no cuadran, que las cotizaciones son insostenibles y que hay que hacer sacrificios. Y entonces un ministro, alguien que dio forma al mismo sistema diseñado para evitar este abuso, encuentra la manera de cobrar dos nóminas a la vez.
El patrón no es nuevo. El sector público portugués siempre ha premiado la cercanía al poder. Los contactos abren puertas que las normas cierran para todos los demás. Pero lo que hace específico este momento es el contexto: el país ya no finge que el Estado del bienestar funciona como se anuncia. El SNS lleva una década infrafinanciado. Las listas de espera para procedimientos no urgentes se estiran durante años. El fondo de pensiones acumula déficits estructurales cada año. El Gobierno publica planes de recuperación que no tiene mecanismo alguno para hacer cumplir. Y en medio de ese naufragio, un exministro simplemente atraviesa una laguna legal porque nadie espera que las reglas le sean aplicadas a él.
El daño real no es el dinero, aunque escueza. Es lo que señala sobre quién carga con el coste de las reformas y quién no. Cuando un político dice que las pensiones deben «reestructurarse» o que la sanidad debe «apretarse el cinturón», el pacto implícito es que todos comparten la carga. Pero no es así. La reestructuración se aplica de arriba abajo. El cinturón se aprieta a la enfermera que trabaja tres turnos a la semana, no al burócrata con una pensión indexada apilada sobre un sueldo negociado entre amigos.
Esto es lo que parece la rendición de cuentas en un sistema donde la gobernanza se ha degradado hasta convertirse en clientelismo. Nadie va a la cárcel. El ministro se queda con el dinero, quizá se enfrenta a una multa. No hay ninguna investigación sistemática sobre cuántos otros hacen lo mismo, porque las instituciones encargadas de la supervisión están formadas por personas que podrían beneficiarse de no mirar con demasiado detenimiento. El Gobierno prometerá «reformas». Habrá titulares sobre «cerrar lagunas». Dentro de seis meses surgirá otra historia. El ciclo se repite.
La crisis del SNS no es fundamentalmente un problema de dinero. Portugal dedica una parte razonable de su PIB a la sanidad. La crisis es podredumbre institucional: un sistema en el que las reglas funcionan para los de dentro y fallan para todos los demás, en el que los dirigentes ven el cargo público como una plataforma para la ventaja personal, y en el que el margen para la honradez es tan estrecho que un ministro puede combinar abiertamente una pensión con un sueldo y la reacción es encogerse de hombros.
Eso no es reforma. Es simplemente decadencia con cargo al erario público.