Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, lo dijo sin rodeos esta semana: la normativa europea de envases es contraproducente para las pymes. No es un diputado rebelde de la última fila. No es un memorando de un lobby filtrado a Politico. Es la presidenta de la institución que aprobó las normas.
Fíjense en la elección de palabras. "Contraproducente". No "merece revisarse". No "necesita ajustes". Contraproducente: que trabaja en contra del objetivo declarado. Es una admisión, en boca de la máxima figura de la institución, de que la norma causa daño. La pregunta que la prensa en gran parte no hizo es la única que importa: ¿y ahora qué?
La respuesta, documentada en cada ciclo de política de Bruselas de la última década, es: nada de consecuencia. La maquinaria no da marcha atrás. Recalibra su comunicación. Se encarga una evaluación de impacto. Se anuncia un diálogo con las partes interesadas. Quizá una fe de erratas, dos ciclos legislativos más tarde, cuando la mitad de las empresas afectadas ya hayan absorbido el coste o cerrado. La confesión no es el principio de la reforma. Es una válvula de escape, calibrada con precisión para impedir la reforma.
Esto no es cinismo. Es el patrón observado. El Reglamento de envases y residuos de envases de la UE se arrastró por el proceso legislativo durante años, acompañado en todo momento por evaluaciones de impacto documentadas que mostraban costes de cumplimiento desproporcionados para las pequeñas empresas. El programa de adecuación normativa de la propia Comisión Europea, REFIT, el acrónimo que se suponía que significaba algo, funciona en teoría desde 2012. Catorce años de forma física. Los datos de Eurostat sobre cierres de pymes en sectores con alta carga regulatoria no sugieren que el programa haya hecho mucho ejercicio cardiovascular.
El problema estructural no es que Bruselas no lo sepa. Es que saberlo no cuesta nada y cambiarlo cuesta todo. Quienes redactan las normas no son quienes las cumplen. El responsable de cumplimiento de una distribuidora farmacéutica de 400 empleados en Frankfurt no es la misma persona que la empresa familiar de envases de 11 trabajadores en Braga o en Łódź, que intenta averiguar qué significan los nuevos requisitos de etiquetado para sus números. El primero tiene un departamento para eso. La segunda tiene una hoja de cálculo y un abogado que no puede permitirse del todo.
Portugal es un buen lugar para tener presente este cuadro. Eurostat sitúa a las pymes portuguesas en torno al 99,9 % de la economía empresarial no financiera, la misma cifra que se cita en toda la UE, pero las empresas portuguesas están cerca del fondo en la distribución de productividad y capitalización. Tienen menos margen. Una carga de cumplimiento que una empresa neerlandesa o sueca absorbe como una molestia se siente de otra manera cuando el capital circulante ya es escaso y las opciones de financiación se reducen a la sucursal local de la Caixa. Bruselas redacta un solo reglamento. Y ese reglamento golpea de forma distinta en cada Estado miembro, mientras el proceso legislativo casi nunca modela esa variación con honestidad.
Metsola conoce el sistema. Lleva quince años dentro. Cuando dice "contraproducente", no está descubriendo nada. Está diciendo algo que ya era cierto cuando se redactó la norma, que se señaló en comisión, que quedó recogido en la literatura de impacto y que aun así se aprobó. Porque la coalición política que quería la norma era más fuerte que la que no la quería. Así funciona. La admisión pública, años después, no le cuesta nada y no cambia en absoluto la coalición.
Lo que sí hace es dar a todo futuro defensor de la norma una salida de emergencia. "Incluso la presidenta del Parlamento dijo que necesitaba mejoras". Teatro de la reforma. La ley se queda. La pequeña empresaria de Braga actualiza las etiquetas.
Existe una versión de la regulación europea que se toma en serio la diferencia entre un objetivo político y un aparato de cumplimiento. Esa versión preguntaría, antes de la aprobación: ¿quién soporta realmente este coste, en empresas de qué tamaño, en qué Estado miembro, y qué les pasa si no pueden absorberlo? La UE tiene las herramientas para hacer esas preguntas. En su mayoría, elige no hacerlo, porque las respuestas complicarían la coalición.
La declaración de Metsola se citará en los informes de los centros de análisis. Aparecerá en la próxima carta del lobby de pymes a la Comisión. Dará vueltas. Nada se moverá hasta que cambien las cuentas electorales. Y el envase seguirá necesitando la etiqueta.