Una autoridad sanitaria ha enviado 130 operaciones de cataratas a una clínica privada de Soria por 89.000 €. El aviso oficial describe esto como eficiencia. Léalo de nuevo con la aritmética delante. Son unos 685 € por operación, pagados a un proveedor privado, para despejar una lista que un hospital público debía despejar con sus propios cirujanos, sus propios quirófanos y su propio presupuesto.
La cirugía de cataratas es uno de los procedimientos más rutinarios de la medicina. Es breve, estandarizada y se adapta bien al tipo de volumen que un sistema público en funcionamiento debería gestionar sin dramatismo. Cuando una región necesita comprarla fuera, la lista no es un rompecabezas clínico. Es una cuestión de capacidad, y la respuesta que ha elegido la administración es alquilar capacidad en lugar de construirla o recuperarla.
El enfoque oculta la secuencia. Primero crece la lista. Después la nota de prensa anuncia que los pacientes son derivados a una clínica concertada o privada, y el titular se lee como acción. La lista se reduce sobre el papel. La capacidad quirúrgica del hospital público, su personal y su tiempo de quirófano no necesariamente cambian. La siguiente tanda de pacientes se suma a la cola, y el ciclo se repite con una nueva factura. Nadie en la cadena tiene incentivo para corregir la carencia de fondo, porque esa carencia es lo que justifica el contrato.
La misma semana, según recoge el artículo, Aragón y Canarias discutían sobre las listas de espera y sobre cuánta financiación concertada debía destinar cada una a proveedores privados. Ese es el patrón en toda España. Diecisiete autonomías gestionan cada una su propio servicio de salud dentro del marco nacional, cada una publica sus tiempos de espera en su propio formato, y cada una tiene una explicación preparada para la cifra, normalmente situada en Madrid o en la comunidad vecina. El paciente vive un solo sistema. La administración vive diecisiete jurisdicciones y una discusión permanente sobre quién le debe qué a quién.
Las listas de espera quirúrgicas en España llevan años siendo una noticia nacional recurrente, y los remedios también se han repetido: la subcontratación, las sesiones extra de tarde pagadas a tarifa especial y los acuerdos marco con hospitales privados. Cada medida puede acortar una lista concreta. Ninguna, según los registros, ha cambiado la cuestión estructural de cuánta capacidad pública existe y quién responde de mantenerla. Un sistema público que compra habitualmente sus propios procedimientos a proveedores privados le está diciendo algo sobre su presupuesto, sea lo que sea lo que diga el aviso sobre la eficiencia.
Después está la cuestión de quién paga. El contribuyente financia el hospital público que no está haciendo el trabajo. Ese mismo contribuyente financia a la clínica privada que lo hace, a un precio superior. El paciente recibe la intervención, lo cual es un beneficio real y no debe despreciarse. Pero el acuerdo paga dos veces por el mismo procedimiento y no compra capacidad duradera. A medio plazo, la clínica privada pasa a formar parte de la infraestructura de la que depende el sistema público, y el coste político de revertir esa dependencia crece con cada contrato firmado.
No creo que la clínica de Soria sea un escándalo en el sentido estricto. Es probable que el contrato sea legal, que el procedimiento se haga bien y que los pacientes a los que se les quiten las cataratas esta temporada vean mejor. Ahí está la parte incómoda. El sistema funciona lo bastante bien a nivel de cada caso individual como para que el fallo estructural sea invisible. La lista se despeja, el aviso se publica, y la siguiente lista ya se está formando en un pasillo de clínica para el que nadie ha presupuestado nada.