El Ministerio de Sanidad llevará sus propuestas sobre listas de espera a la próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la sala en la que el ministerio y las autonomías se supone que deben ponerse de acuerdo sobre el sistema sanitario nacional. Mónica García ya ha dicho que duda de que las comunidades las aprueben, y ha atribuido el probable rechazo a "intereses políticos". El informe sobre la decisión lo presenta en ese orden: una propuesta, un pronóstico de su fracaso y una razón para ese fracaso que se encuentra en cualquier otro lugar menos en el ministerio.
Léase despacio la secuencia. El ministerio quiere el mérito de una solución que no puede sacar adelante en la sala que necesita. Se posiciona como la parte que tiene el plan y las comunidades como la parte que tiene el veto. Si el plan sale adelante, el ministerio se lo atribuye. Si se estanca, las comunidades cargan con él. En cualquiera de los dos casos, la ministra ya ha escrito el pie de foto. Eso es una estrategia de comunicación, y bastante eficaz. No es una estrategia para las listas de espera.
Las listas siguen creciendo mientras dura la discusión. El indicador de esta semana también registró una subida del 22 por ciento en las cifras de espera de Cartagena, el tipo de dato local que desaparece bajo una media nacional y luego reaparece en un titular sobre quién tiene la culpa. El paciente que figura en la lista no percibe la diferencia entre una propuesta del ministerio y un veto autonómico. El paciente percibe una fecha que se mueve.
Parte de esto es estructural y lleva mucho tiempo siéndolo. La sanidad se transfirió a las autonomías a comienzos de los años 2000, y la transferencia se completó en 2002. Desde entonces España funciona con un sistema en el que la financiación, los hospitales, la contratación y buena parte de la gestión de las listas de espera corresponden a diecisiete gobiernos, mientras que el ministerio nacional conserva competencias de coordinación que solo puede ejercer por persuasión. El Real Decreto 605/2003 fijó una garantía de 180 días para la espera quirúrgica, una cifra que existe sobre el papel desde hace más de dos décadas. La pregunta que un ciudadano puede plantear con razón no es si el ministerio tiene una propuesta. Es por qué una garantía tan antigua necesita una propuesta nueva cada pocos años.
No esperaría que las comunidades fueran las únicas con motivos para retrasar las cosas. Los gobiernos autonómicos también tienen presupuestos, déficit de personal y sus propios calendarios políticos, y un marco nacional que les dice cómo contar y priorizar a los pacientes en espera es un marco que leerán primero como una restricción y solo después como un servicio. Es un argumento que puede defenderse honestamente. También puede usarse como tapadera. El ministerio sabe ambas cosas, y por eso la culpa anticipada es tan precisa. Asigna a las comunidades un papel en el fracaso y mantiene fuera de la vista la parte que le corresponde al propio ministerio.
Lo incómodo aquí es que la lista de espera es la única parte del sistema que es enteramente medible. Una intervención se hace dentro del plazo garantizado o no se hace. Nadie tiene que interpretar un resultado vago. Y aun con esa métrica limpia, el país puede tener en la misma semana un plan nacional, un veto regional y una declaración ministerial, mientras las personas en la lista esperan la misma operación que esperaban el mes pasado.
Las propuestas podrían aprobarse. Podrían enmendarse hasta quedar más pequeñas. Podrían devolverse otra vez. Pase lo que pase en el próximo CISNS, las personas al final de la lista no formarán parte del debate sobre quién tiene derecho a decir que lo intentó. Serán la cifra de la que trata el debate.