Hungría tiene el 99 % de su territorio bajo sequía severa o extrema. Los piscicultores están vaciando un estanque para salvar otro. El Danubio ha quedado reducido a charcas. Los bomberos de Eslovenia bombean agua a los lagos para que los peces no mueran asfixiados. Esto no es una proyección. Es algo documentado esta semana. La desertificación ya no es un problema de Sudáfrica. Es un verano centroeuropeo.
La respuesta de Bruselas es la que cabría esperar: el silencio de la Comisión. Una directiva de hace tres años que nadie financió como era debido. Políticas de uso del agua que permitieron a la agricultura vaciar los estanques de peces en sequías anteriores, porque la agricultura vota y los piscicultores no. Largas conversaciones sobre la «retención de agua en el paisaje» que tardarán una década en importar. Para entonces, las piscifactorías de trucha habrán desaparecido.
Este es el ritmo central de la UE en pleno colapso. La crisis llega en tiempo real —los ríos mueren, las cosechas se pierden, los peces se asfixian en agua de 30 grados—, pero el aparato político responde como si el problema fuera un papeleo incompleto. Existe un Pacto Verde. Existe una transición justa. Existe una Directiva sobre el Agua. Hay evaluaciones y obligaciones de información. Lo que no existe es el dinero real, la priorización real, la voluntad real de decir: estamos ante un episodio de desertificación y lo vamos a tratar como una emergencia bélica.
En cambio, cada país negocia por su cuenta. Los piscicultores rumanos perdieron existencias en 2023 y 2024; este año perdieron más. El ciclo de producción dura de tres a cuatro años. Así que lo que llegue este invierno no será un excedente, sino un déficit aún mayor. Pero no hay ninguna estrategia de repoblación piscícola a escala de la UE. Ninguna línea de crédito de emergencia. Ninguna relajación temporal de las normas laborales para que los agricultores puedan trabajar de noche. Solo el consejo de esperar la lluvia, que, con una probabilidad de sequía del 99 % en Hungría, no llega.
El patrón se repite en todos los sectores que toca la UE. Crisis de vivienda en Portugal y España: la respuesta es una directiva sobre normas de eficiencia energética para la rehabilitación. Cuentas de pensiones que no cuadran: la respuesta es una recomendación sobre pensiones adecuadas y sostenibles. El continente no resuelve el problema; lo clasifica. Crea un departamento para él dentro del aparato regulador, lo dota de buenas personas que creen en el procedimiento y lo llama gobernanza.
Lo que hace que este momento sea singular es que la infraestructura falla más deprisa de lo que la política puede adaptarse. La desertificación no atiende a un calendario de implementación de cinco años. La sequía no espera a las evaluaciones de impacto. El Danubio se ha vaciado ahora. Los peces mueren ahora. Las granjas que quiebren este invierno no volverán a abrir en 2028, cuando la nueva directiva sobre el agua se transponga al derecho nacional.
Los expatriados que eligieron Europa por el Estado de derecho y los sistemas estables ya lo han notado: la ley está ahí, los sistemas están intactos, y el resultado es la parálisis. Los locales que se quedaron también lo están notando ahora. La pregunta que llega en invierno, cuando la red eléctrica está al límite y empiezan los racionamientos de agua, es si Europa todavía puede aprobar normas a la velocidad con que se mueve un clima que se colapsa.
Las pruebas sugieren que no puede.