AIMA ha informado de que sus citas aumentaron un 60 por ciento, y la cifra se ha presentado como prueba de que la agencia de inmigración está mejorando. Lea la frase dos veces. Una cita es un hueco que una persona se vio obligada a pedir. Existe porque un expediente estaba parado, una renovación iba con retraso o un primer contacto no podía hacerse por ninguna otra vía. Más citas significan más personas que llegaron al punto en que necesitaban una. Eso es una medida de la demanda, y de la demanda de un servicio que ya estaba fallando.
El encuadre hace mucho trabajo silencioso. Un aumento del 60 por ciento suena a una línea de producción en alza, de las que un ministerio pone en una diapositiva junto a una flecha verde. Pero la pregunta que debería hacerse el lector es la que el comunicado omite: 60 por ciento respecto a qué, y cuántas personas siguen esperando una primera cita. Si la base de partida era un sistema que ya iba lento, puede haber más reservas y, al mismo tiempo, una cola más larga, una espera mayor para conseguir la propia cita y una espera todavía mayor para la resolución que viene después. La cifra registra que la agencia está más ocupada. No registra que nadie haya conseguido avanzar.
Este es el patrón que se viene repitiendo desde que se disolvió el antiguo SEF y AIMA asumió sus funciones en 2023. La transición se vendió como modernización. Lo que siguió fue una acumulación documentada de expedientes pendientes de residencia y renovación, que suman cientos de miles, y un público que aprendió a medir su vida en meses de espera con una carta de protocolo en lugar de una tarjeta. Las cartas de protocolo, a su vez, se convirtieron en un problema propio: empleadores, bancos y arrendadores tuvieron que decidir si un papel que debe sustituir a un documento es válido, y cada institución decidió de forma distinta. Las regularizaciones masivas se han usado como válvula de escape para el mismo atasco, lo que significa que el Estado ha admitido, en la práctica, que no puede tramitar el flujo ordinario y ha optado por vaciar el stock por decreto. Un decreto despeja una cola una sola vez. No construye la capacidad que impide que la cola vuelva a formarse.
Luego está el lado de la ejecución, del que la noticia de las citas nunca habla. Las órdenes de devolución dictadas según la ley portuguesa deberían acabar en una expulsión o en una salida documentada. El registro público sobre cuántas de esas órdenes se ejecutan es escaso, y la brecha entre órdenes dictadas y órdenes cumplidas ha sido objeto recurrente de críticas por parte de los mismos canales parlamentarios y de prensa que siguen el atasco de AIMA. Un sistema que no puede resolver un expediente de residencia ordinario en un plazo razonable tampoco puede decirle al país, con alguna seguridad, quién está legalmente aquí, quién espera un estatus legal y quién ha recibido la orden de marcharse y no lo ha hecho. Son tres poblaciones distintas. Los paneles de la agencia tienden a fundirlas en un único recuento de "casos".
Las personas atrapadas en esto no son abstracciones. Incluyen a trabajadores que cotizan al sistema y no consiguen el documento que les permitiría cambiar de empleo, a estudiantes cuyos cursos dependen de un permiso que no llega y a familias que organizan su vida en torno a una fecha que no deja de moverse. También son las personas a las que un Estado de inmigración que funcione debería servir, y aquellas cuya confianza más necesita. Un proceso que tarda un año en responder a una pregunta de sí o no enseña a todos los implicados que las normas son una sugerencia y que la única vía fiable es un favor, un abogado o una trampa legal. Esa lección no se limita a los migrantes. Se extiende a cada ciudadano que observa cómo el Estado fracasa en una tarea que dice tener bajo control.
No sé cuál será la próxima cifra de citas, y tampoco la agencia, o al menos no ha publicado el número que nos lo diría. La cifra que importaría es sencilla: cuántas personas esperan hoy una primera cita, cuánto tiempo llevan esperando y cuántos expedientes salen del edificio cada mes con una respuesta final. Un recuento creciente de huecos, presentado como progreso, es una forma de responder a otra pregunta. Lo incómodo es que la respuesta a la pregunta real lleva años disponible a trozos, y que el ministerio sigue publicando los trozos que mejor quedan.