El 23 de octubre, un jefe de unidad de la Comisión Europea firmó una carta que confirmaba que Bruselas había registrado una queja de Junts, el partido catalán de Carles Puigdemont, contra la regularización masiva de inmigrantes en España. La Comisión afirmó que examinaría la queja «a la luz del Derecho de la UE aplicable». El dato salió a la luz el 2 de noviembre, en el informe de El Español sobre el expediente, y merece leerse despacio, porque la redacción es cuidadosa de una forma que revela dónde está la incomodidad.
Madrid presenta la regularización como una solución para el mercado laboral y una respuesta humanitaria. Los ministros hablan de trabajadores dados de alta, de cotizaciones y de personas que por fin salen de la sombra. Las cifras son la prueba. Bruselas, por su parte, dice que la decisión de regularizar es una «competencia nacional» y que no cuestiona el derecho de España a hacerlo. Lo que examina es el método. ¿Informó España a los demás Estados miembros como debía? ¿Se cerraron los procedimientos de expulsión y devolución sin revisión individual? ¿Se concedieron permisos a solicitantes de asilo que habían retirado su solicitud? ¿Se gestionó correctamente el requisito lingüístico?
No son preguntas menores. El resumen de la queja de Junts describe cómo el asilo se convierte en un atajo, con la prueba de protección sustituida por el acceso a un permiso de residencia ordinario. Es una afirmación sobre el procedimiento, no sobre ningún solicitante en particular. Y da en el núcleo de la contradicción. El Gobierno se enorgullece del recuento. La Comisión guarda silencio sobre cómo se produjo ese recuento.
El método también se eligió con cuidado. La regularización se hizo por real decreto en abril, no mediante una ley debatida en las Cortes. Junts sostiene que esto fue una forma deliberada de evitar el Parlamento. El permiso que resulta permite a sus titulares viajar por el espacio Schengen hasta 90 días de cada 180. Una decisión de residencia tomada en una capital se convierte así en una cuestión de movilidad para otros veintiséis Estados, y ninguno de ellos fue consultado de antemano, según la queja.
El calendario es la parte que me parece más reveladora. El anexo de la propia Comisión describe una evaluación preliminar en los dos meses siguientes al registro, y una decisión sobre si abrir un procedimiento formal o cerrar el expediente en el plazo de un año. La queja no suspende la regularización. No anula los permisos ya concedidos. El Tribunal Supremo, al que en julio la Generalitat Valenciana y Aragón pidieron suspender el decreto, se negó a hacerlo y también a elevar la cuestión al Tribunal de Justicia «en este momento procesal». Los recursos siguen abiertos.
Así que la estructura está clara. Primero se hace la cosa y después se revisa su legalidad. Para cuando un expediente de la Comisión llega a una decisión, la cohorte ya ha firmado contratos de alquiler, ha encontrado trabajo, ha matriculado a sus hijos en colegios y ha construido una vida dentro de un estatus legal que nadie ha puesto a prueba de forma definitiva. Una sanción, si llega alguna vez, sería una multa contra un Gobierno por un resultado que ya se ha asentado.
El panorama de la aplicación de la ley es la otra cara de la misma moneda. Las órdenes de devolución son esenciales en cualquier sistema creíble de asilo o inmigración. Una regularización que archiva los expedientes de expulsión equivale, en la práctica, a admitir que muchas de esas órdenes no iban a ejecutarse. El reportaje de El Español se suma a otros sobre España como el único Estado miembro de la UE que votó en contra de un reglamento para acelerar las expulsiones tras la crisis de Ceuta, y sobre la ayuda urgente de la UE para Ceuta retenida por preguntas que Madrid no había respondido. Leídos en conjunto, los datos muestran a un Gobierno que prefiere decidir sobre el terreno y explicar después, y a una Comisión que prefiere preguntar a posteriori.
Nada de esto convierte en problema a las personas que recibieron permisos. Solicitaron amparándose en una norma que escribió el Estado. La cuestión es si el Estado puede escribir una norma así sin una ley, sin sus socios y sin una política de retorno clara, y después llamar plan al resultado. La respuesta honesta, a partir del registro documentado, es que sí puede, al menos hasta que alguien en Bruselas termine de leer el expediente.
Lo que no puedo resolver desde aquí es qué pasará con las personas que ya están dentro del sistema si el método acaba considerándose erróneo. Nadie de la cadena lo ha dicho. La queja avanzará según el calendario de la Comisión. Los permisos no esperarán.