El ministerio de Vivienda merece un aplauso por haber localizado con tanta precisión el origen de la espiral de precios de Lisboa: en cualquiera cuyo pasaporte llegó después de que se redactaran las normas locales de oferta. Ahora los compradores extranjeros cargan con el mérito de una escasez que el propio ministerio creó al limitar la nueva construcción y proteger a los inquilinos actuales de los alquileres de mercado. Los funcionarios presentan la prueba de residencia como una cirugía de precisión que protege a los ciudadanos sin tocar los controles de oferta, una genialidad que no exige permisos adicionales ni esfuerzo político.
Imagínese una panadería que hornea solo la mitad del pan que se le pide, sube los precios y luego cuelga un cartel que impide la entrada a los clientes de otras ciudades. Los hornos siguen apagados, la cola se alarga y la solución consiste en revisar los documentos en la puerta. Los no residentes que llevan años pagando impuestos portugueses vuelven a ser forasteros en cuanto el ministerio necesita una explicación externa para las cifras que publicó.
En 2012 el Gobierno prometió simplificar las licencias para aumentar el parque de viviendas. Estamos en 2026, y según las estadísticas nacionales, las obras terminadas al año siguen por debajo del nivel necesario para igualar la formación de nuevos hogares. Los mismos funcionarios que nunca concedieron los permisos ofrecen ahora una prueba de residencia en su lugar. La política traducida dice así: restringir la demanda de cualquiera cuyos documentos puedan calificarse de extranjeros, mientras el atasco de expedientes de licencias se queda exactamente donde estaba.
Señor ministro, cuando un residente de larga duración, con domicilio portugués y declaraciones de impuestos, es reclasificado como no residente a efectos de compra, ¿espera el ministerio que el parque existente se multiplique de la noche a la mañana o simplemente espera menos transacciones visibles? Los datos sobre el crecimiento real de la oferta de alquiler no aparecen en la presentación.
Se derivan tres consecuencias en secuencia. Primero, los residentes legales que ya poseen inmuebles sufren menos liquidez, porque el grupo de compradores se reduce. Segundo, los incentivos a la nueva construcción no cambian, así que los mismos propietarios que se benefician de la oferta restringida seguirán beneficiándose. Tercero, cada operación exige una capa adicional de verificación de residencia que añade papeleo sin añadir ni un solo metro cuadrado de superficie, convirtiendo el atasco de licencias en una industria de crecimiento propia. Cada uno de estos pasos consta en las cifras de expedientes pendientes publicadas por el mismo ministerio.
La propuesta llega acompañada de la habitual garantía de que solo atiende al segmento agudo del mercado. En jerga burocrática, esa garantía significa que las restricciones se extenderán a cualquier categoría que más adelante muestre movimientos de precios que el ministerio prefiera no explicar. El villano conveniente cambia constantemente, mientras las estadísticas de fondo sobre escasez no cambian.
La medida, por tanto, resuelve el problema visible de los nombres extranjeros en las escrituras y deja intacto el problema invisible de los pisos que faltan.