Hacienda ha perfeccionado el arte de detectar fraudes tratando el préstamo de un autónomo a su propia empresa como si fuera una transferencia sospechosa procedente de un desconocido en Luxemburgo. Los funcionarios merecen el reconocimiento por este avance, que convierte cada extracto bancario de un autónomo en una posible prueba.
La secuencia empezó con las cuentas separadas obligatorias para cada actividad, siguió con los registros detallados de transferencias y ahora se corona con la revisión oficial de los préstamos de los propietarios. Cada capa añadida consume horas que nunca aparecen en ningún índice de productividad, aunque la agencia presenta el conjunto como una simple labor de orden administrativo.
Señor ministro de Hacienda, ¿qué porcentaje de fraude exige convertir movimientos internos y rutinarios en pruebas antes de que aparezca cualquier discrepancia? El anuncio no ofrece ningún porcentaje, solo la garantía de que el escrutinio adicional protegerá la recaudación.
Cumplir la normativa cuesta ya más que un libro de contabilidad básico de cualquier papelería. Un autónomo debe registrar los préstamos internos con la misma formalidad que las grandes empresas aplican a los pagos a proveedores, pero sin personal, sin presupuesto para software ni el lujo de delegar la tarea en otra persona.
La escalada llega cuando el nuevo plazo coincide con las declaraciones trimestrales, las declaraciones de IVA y el resumen anual. Una sola casilla olvidada genera una notificación automática, que obliga al autónomo a detener su trabajo facturable y responder antes de que el sistema trate el descuido como evasión. El proceso, por tanto, multiplica el tiempo administrativo no remunerado mientras la economía sumergida sigue intacta.
Los autónomos españoles ya presentan más formularios por cada euro ganado que la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena. Añadir el escrutinio de los préstamos encima no reduce la actividad sin declarar; simplemente encarece seguir siendo legal, hasta que la aritmética convence a más personas de que la legalidad ya no compensa.
La medida convierte la relación entre el titular y su negocio en un expediente de auditoría permanente. Los mismos trabajadores que emiten las facturas dedican ahora horas extra no remuneradas a demostrar que esas facturas son suyas.
Tres años de normas acumuladas han levantado una montaña de papeleo más alta que la pila de facturas impagadas de un autónomo medio. La última medida solo coloca una hoja más encima.
Hacienda ha resuelto el misterio observando cómo el dinero se mueve entre un autónomo y la empresa que ya le pertenece.