Los responsables de las pensiones en España merecen reconocimiento por haber encontrado la única fuente de ingresos que nunca les ha fallado: los mismos trabajadores cuyas cotizaciones anteriores ya demostraron ser insuficientes. Al canalizar la transferencia anual de cien mil millones de euros mediante un recargo del IRPF, convierten un déficit estructural en una nueva partida que parece una prudente buena gestión y no una admisión de que el modelo original se ha agotado. La medida garantiza que cada pensión se pague puntualmente, mientras las personas que pagan tanto las cotizaciones originales como el nuevo gravamen tienen el honor de cerrar una brecha que no crearon.
Los documentos 54 y 77 de Fedea llegan a la misma receta, una subida de los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, después de constatar que el déficit de la Seguridad Social sigue superando los cien mil millones de euros al año. No aparece ninguna simulación de recortes de prestaciones. No se introduce ninguna base alternativa de ingresos. El coste simplemente pasa del presupuesto general a la nómina del colectivo que ya había sido declarado insuficiente. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, respalda el marco; uno se pregunta qué aritmética aplica cuando a los mismos trabajadores se les pide que financien la transferencia dos veces.
La secuencia se desarrolla con elegancia burocrática. Primero el Estado recauda por debajo de lo previsto, luego pide prestado al Tesoro y después propone gravar el déficit hasta devolverle la existencia. Compárese el proceso con un hogar que vacía su propia cartera en un cajón y luego se cobra una comisión por recuperar el dinero. Cada paso preserva la promesa aparente, pero desplaza la carga real una capa más cerca de los contribuyentes que quedan. Las proyecciones demográficas ya prevén menos trabajadores por pensionista; el recargo no altera esa proporción, simplemente extrae más de cada superviviente.
La misma ruta circular se extiende ahora a las comunidades autónomas. Andalucía y Cataluña registran sus propios déficits y aun así siguen contando con la transferencia central. Cuando esa transferencia exige a su vez un recargo extra del IRPF, las comunidades reciben los fondos y el contribuyente estatal recibe la factura. El mecanismo se denomina coordinación. En la práctica multiplica el número de administraciones que pueden atribuirse el mérito, y concentra el coste en la base menguante que financia a todas ellas.
La escalada llega con previsibilidad. El recargo se presenta como temporal, se vuelve permanente cuando aparece el siguiente informe actuarial y luego exige un segundo recargo porque el primero no cierra la brecha ampliada por el envejecimiento. Cada ajuste se presenta como el último retoque necesario. Cada ajuste deja intacto el desajuste de fondo entre las promesas y los cotizantes. El único producto duradero es la necesidad del ajuste siguiente.
Así pues, el Tesoro puede redactar nuevas tablas de gravamen con la satisfacción de saber que la alarma por los cien mil millones de euros volverá a sonar el año que viene, con más volumen.