El aparato de la seguridad social española se lleva el premio del año por prestidigitación actuarial al convertir un simple vínculo inflacionario en una obligación de pago de 2027 cuya magnitud solo se hace visible después de que el calendario ya está cerrado. Los funcionarios han pasado meses presentando la regularización de inmigrantes como fuente de nuevas aportaciones a nómina, pero esas mismas nóminas deben ahora absorber un incremento de pensiones de 3,5 puntos porcentuales sin ingresos equivalentes adjuntos. La política se describe como indexación responsable; la descripción se sostiene solo hasta que el tesoro suma las columnas y advierte la brecha entre los gastos prometidos y la base de cotizantes que debe pagarlos.
Un futuro jubilado que busca la tasa de sustitución anunciada recibe la instrucción práctica de añadir otros diez años de trabajo o reclutar un miembro adulto adicional en el hogar para cubrir el déficit. El programa de regularización sigue anunciándose como alivio demográfico, aunque los nuevos cotizantes se concentran en segmentos de menores salarios cuyo efecto fiscal neto llega demasiado tarde y es demasiado pequeño para compensar el ajuste que ahora se espera que financien.
La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración Elma Saiz debe por lo tanto comunicar al gabinete que el gasto del próximo año requiere bien impuestos más altos, bien endeudamiento adicional, o bien una reescritura inmediata de la regla de indexación mientras el resto del gobierno sigue anunciando cifras récord de empleo. ¿En qué momento la celebración de la ministra del crecimiento de empleo en los titulares se convierte en la confesión de que la distribución salarial subyacente no puede cargar con los compromisos de bienestar ya escritos en la ley?
Los resultados llegan en secuencia. El tesoro primero se endeuda al tipo que fije el mercado para cerrar el agujero. Los gobiernos regionales descubren después que las transferencias centrales destinadas a sanidad y educación ya han sido comprometidas. Cualquier intento posterior de ajustar la elegibilidad o ralentizar el crecimiento de pensiones se etiqueta como un ataque a derechos adquiridos, asegurando que el siguiente ajuste vuelva a presentarse como una emergencia inevitable. La medida de regularización y el pasivo de pensiones no son por lo tanto ficheros separados; son páginas opuestas de un mismo libro mayor.
La factura de 2027 será pagada. La única pregunta abierta es si el pago toma la forma de contribuciones más altas de los mismos trabajadores cuya llegada se suponía que resolvería el problema, o beneficios reducidos que ningún ministro firmará en año electoral. Ambos caminos retornan al mismo calendario impreso.