España ha convocado elecciones anticipadas, y la crisis de la vivienda es ya el primer punto en todos los escenarios de campaña. Las protestas contra los desahucios y los alquileres que RFI informa son las mismas que llevan años desarrollándose en Madrid, Barcelona, Valencia y las Canarias. Lo que ha cambiado es el calendario. El problema no empeoró este mes. Ahora tiene fecha.

Ese es el patrón que vale la pena vigilar. Un mercado de la vivienda que lleva casi toda la última década escaso de hogares se trata como una condición de fondo hasta que aparece una papeleta electoral. Entonces se convierte en aquello que todos prometieron arreglar y que nadie había arreglado. Hay que esperar la misma frase de cada partido: el gobierno anterior fracasó, las comunidades fracasaron, los tribunales son demasiado lentos, los propietarios son codiciosos, los inquilinos son el problema. Cada frase tiene un grano de verdad. Juntas describen un sistema en el que nadie tiene la palanca.

El mapa institucional explica buena parte de la confusión. La vivienda está enredada en una maraña de competencias. Madrid fija el marco nacional y las normas procesales civiles que determinan lo rápido que puede ser desalojado un ocupante. Las autonomías gestionan la mayor parte de la política de vivienda del día a día, incluidos los programas de vivienda protegida y, en varios casos, la declaración de zonas de mercado tensionado. Los municipios controlan el planeamiento, las licencias y la velocidad con la que las nuevas viviendas llegan al mercado. Cuando un piso es okupado, una familia es desahuciada o un alquiler se duplica, cada nivel puede señalar a otro y tener parcialmente razón. Diecisiete gobiernos con competencias solapadas son muy buenos produciendo un reguero de papeleo y muy malos produciendo llaves.

La Ley de Vivienda de 2023 se vendió como la respuesta. Introdujo topes a los alquileres en las zonas tensionadas designadas y un marco jurídico más amplio para la oferta asequible. El resultado que el sector y las comunidades han pasado los años siguientes describiendo es un parque de alquiler más reducido. Los propietarios que pueden venden, convierten sus pisos en alquileres turísticos o retiran viviendas del mercado de larga duración. Los que no pueden, esperan. La oferta es la variable que decide el precio del alquiler, y una norma que hace al pequeño propietario menos dispuesto a alquilar no añade oferta por el hecho de anunciarse. Se crea o no que el tope fuera acertado, la pregunta que evitará una campaña es la más sencilla: cuántas viviendas nuevas se terminaron en los años en que la ley estuvo en vigor, y en qué ciudades.

La parte de los desahucios es el otro componente de la historia. La ocupación de un inmueble sin título, el fenómeno que la gente llama okupación, se tramita por vía civil, un proceso que puede durar meses o años según el juzgado y la comunidad. Una familia que pierde un alquiler por orden judicial y un okupa que entró en una segunda residencia esperan, en la práctica, al mismo calendario judicial saturado. Los gobiernos han dedicado los últimos años a añadir retoques procesales y normas de emergencia. Las protestas muestran que nada de ello ha cerrado la brecha entre los derechos de un propietario y la capacidad de un hogar para seguir viviendo en su piso.

La campaña también evitará la aritmética de para quién es el mercado de la vivienda. Los alquileres en las grandes ciudades han ido por delante de los salarios durante casi todo el período, y los jóvenes, los autónomos y las personas con contratos temporales son quienes lo sienten primero. Cada ayuda que llega a través de un bono de alquiler o de una deducción fiscal tiende a llegar a quien ya posee el activo. Esos no son hechos separados. Son la misma política vista desde dos lados.

No espero que las elecciones resuelvan nada de esto. Se formará una coalición o no, un ministro será sustituido o no, y el próximo presupuesto contendrá una partida para vivienda que parecerá mayor que la anterior. Los edificios que todavía no existen seguirán sin existir el día en que tome posesión el nuevo gobierno. Nadie en el escenario dirá cuánto tiempo llevará arreglarlo, porque la respuesta honesta es más larga que el próximo mandato.

Lo que más me llama la atención es la rapidez con la que el asunto pasó de ser política a ser espectáculo. Un problema que se gestionó durante años, con leyes parciales y excepciones regionales, se convierte en un accesorio de campaña en cuanto alguien fija la fecha de las urnas. Las personas que esperan frente a un juzgado o una oficina de vivienda no aparecen en la imagen de la campaña. Son la prueba de aquello sobre lo que todos están a punto de discutir.