Así es el liderazgo cuando la coalición se fractura: Sánchez trocea el decreto de vivienda en dos piezas para apaciguar a SUMAR en un punto y a Junts en otro, mientras en algún lugar de Madrid o Barcelona, una mujer de 87 años recibe la notificación de desahucio que enciende una semana de autocompasión nacional.
El encuadre es siempre el mismo: el gobierno está solucionando la crisis con medidas de emergencia. La métrica es siempre la misma también: cuántos decretos, cuántos plenos parlamentarios, cuánta tinta gastada en reforma. Nunca la única cifra que importa.
Cuatrocientas mil viviendas de alquiler legal han desaparecido del mercado desde 2021. Cuatrocientas mil. Eso no es una escasez emergente. Eso es un mercado que se desvanece. Cuando los propietarios deciden que el riesgo regulatorio y la presión de los límites de alquiler hacen que no valga la pena publicar una propiedad, no la publican. Se sientan sobre ella. La subalquilan ilegalmente. Esperan a que el viento político cambie. La lista de espera ya no es solo una cola en el hospital—es todo el mercado de alquiler español.
Un decreto de vivienda fragmentado en dos piezas no devuelve esas unidades. Señala que a Sánchez se le ha acabado el pegamento de la coalición y ahora está gestionando el declive gestionando los periódicos. El decreto aborda la demanda de un socio de coalición sobre protecciones al inquilino y la de otro sobre exenciones para promotores. Esto es coreografía. Mientras tanto, la vivienda real—la madera, la cal, el techo bajo el que una persona necesita dormir—continúa su salida de la economía legal.
El desahucio de una mujer de 87 años es la indignación del día porque es humano y concreto y cabe en un tuit. La ausencia de 400.000 unidades no. Es invisible. No tiene rostro. Solo aparece cuando tu hijo pregunta por qué no puede permitirse vivir en la ciudad donde nació, y te das cuenta de que no tienes respuesta porque la respuesta es demasiado grande y demasiado lenta.
La clase política española tiene un talento para dividir diferencias. Dividieron la gobernanza de Cataluña entre Madrid y Barcelona para que ninguno pudiera reclamar la victoria. Dividieron las pensiones entre el estado y las autonomías regionales para que nadie fuera completamente responsable. Ahora dividen decretos de vivienda para que cada socio de coalición pueda reclamar un triunfo mientras el mercado se quiebra estructuralmente. Esto no es resolución de problemas. Es la gestión del declive gestionado disfrazada de pragmatismo.
Lee las noticias cuidadosamente: nadie en el gobierno está diciendo que las 400.000 unidades volverán. Nadie ni siquiera está reconociendo la cifra. El debate es puramente sobre quién hizo qué, cuál decreto fue primero, cuál socio de coalición obtiene crédito. El mercado real, la gente real, la textura real de la crisis: eso es problema de otro.