El diputado del Algarve Cristóvão Norte y sus colegas del PSD/CDS-PP han presentado el Proyecto de Ley 786/XVII/2 al Parlamento, citando más de 1,2 millones de euros en facturas del SNS impagadas de 2023 y 2024 como prueba de que los extranjeros no residentes deben ahora acreditar el pago o un seguro antes de recibir tratamiento. La medida se presenta como una recuperación necesaria de fondos públicos, con Norte calificando la cifra del Algarve como prueba concreta en lugar de un debate abstracto.
El momento es el chiste. Los no residentes ya han sido privados del acceso rutinario al SNS mediante cambios en las reglas de residencia implementados meses atrás; el nuevo proyecto simplemente viste ese cierre con el lenguaje de responsabilidad fiscal. El Parlamento recibe una propuesta que pretende que la puerta sigue abierta y que la única tarea restante es hacer que los extranjeros paguen en la entrada. En realidad, la puerta se ha estado cerrando desde el inicio del año, y las cifras de deuda sirven principalmente como cobertura política para un ajuste ya en marcha.
Los números mismos provienen de tratamientos dispensados a personas que nunca fueron formalmente residentes. No incluyen el volumen mucho mayor de atención entregada a residentes cuyas contribuciones están igualmente tensionadas por el mismo sistema insuficientemente financiado. Al aislar la porción de no residentes, el proyecto crea la impresión de una fuga selectiva en lugar de un déficit estructural que afecta a ciudadanos portugueses y extranjeros de largo plazo por igual. Las presentaciones presupuestarias del SNS continúan mostrando déficits crónicos en personal y equipamiento; la respuesta política es endurecer la elegibilidad en lugar de abordar la capacidad.
Lo que la propuesta realmente cambia es modesto. Añade requisitos de trámite para la identificación de pagadores y ordena prueba de que una aseguradora o un estado extranjero cubrirá los costos. Esos pasos ya fueron intentados en circulares anteriores que produjeron pocos ingresos porque los mecanismos de cobro siguen siendo débiles. La nueva legislación funciona por lo tanto más como teatro que como herramienta de cumplimiento. Permite a los diputados señalar una cifra titular y reclamar acción mientras que los problemas contables subyacentes—facturación retrasada, datos de pacientes incompletos, y ausencia de acuerdos recíprocos con ciertos países—permanecen intactos.
La incomodidad es que la promesa universal del estado de bienestar está siendo desmantelada por etapas, cada etapa presentada como un ajuste técnico menor. Primero las reglas de residencia cambian, luego las facturas impagadas se redescubren, luego se introduce legislación para codificar la restricción. Cada paso se defiende en base a argumentos estrechos; ninguno es debatido como parte de una retirada más amplia del modelo que una vez justificó la tributación alta. La declaración de prensa del diputado del Algarve simplemente acelera la siguiente etapa de esa retirada.